Está en lxs jóvenes

“Existir se convirtió en mi mayor acto de revolución”, escribe Daniela. Ella es parte de una generación que, a lo largo del primer cuarto del siglo 21, ha tenido que protagonizar la lucha por obviedades: la aceptación de identidades en un mundo cada vez más polarizado, la seguridad para educarse en un mundo innecesariamente violento, la sobrevivencia misma en un mundo que amenaza con volverse climáticamente inhóspito.

Daniela Arroyo González, estudiante de periodismo en la Universidad de Puerto Rico. (Andrés Santana Miranda / ONCE)

Daniela Arroyo González, estudiante de periodismo en la Universidad de Puerto Rico. (Andrés Santana Miranda / ONCE)

Por: Daniela Arroyo González • 15 de enero de 2019

Nota del editor: en ONCE reconocemos que existe un debate con relación a cómo la escritura, históricamente, ha hecho invisibles otras identidades –aquellas que no son la masculina–. De ahí que se respetará el estilo de la autora o el autor.

Tenía 14 años cuando me harté de soportar las burlas, el rechazo, la opresión de todos. Más aún cuando no existía –ni existirá– razón para ello.

Admito que en un principio sentí miedo. Pero no dejé que me detuviera. Mi misión era ser libre, y a veces la libertad implica, antes de alcanzarla, pasar por experiencias difíciles. En mi caso, estas experiencias se volvieron parte de mi día y de mi rutina.

Así surgió mi activismo: espontáneamente, por necesidad y como herramienta para defenderme de la violencia y la hostilidad del entorno que habitaba. Existir se convirtió, entonces, en mi mayor acto de revolución. Quienes estaban a mi alrededor tenían una sola opción: aceptarlo y adaptarse.

Siempre entendí mi activismo como una vía para defender mis derechos y mi dignidad como ser humano y como mujer, pero también como una forma de dejarles saber a quienes buscaban degradarme que su ignorancia no es más fuerte, ni tiene cabida para definir la libertad de otros.

En mi último año de escuela intermedia los profesores y los directores me prohibieron vestir el uniforme femenino. Pero no me importó: igual fui a mi graduación y a mi prom como quise. Como yo, Daniela, soy. Tenía una carta de una trabajadora social del Departamento de Educación que me respaldaba en mi derecho. Nadie me podía prohibir nada. Si la facultad, los padres y los estudiantes conservadores se sentían incómodos, tenían que tolerarlo y abandonar sus prejuicios.

Durante la escuela superior no me dejaron usar ningún baño del plantel. Entonces demandé, hice que abrieran uno unisex e invité a los medios de comunicación para que todo el país se enterara.

Cuando alguien me decía que mi discurso estaba mal, yo lo llevaba al ojo público, no por cuestión de ego o para obtener fama, sino para que otros jóvenes vieran que se puede desafiar la autoridad si esta atenta contra su humanidad.

Ya había salido en la primera plana de un periódico y en diferentes programas de televisión. Todos en la escuela hablaban de mí. Al parecer, yo era alguien controversial. Pero esto no me molestaba. Al contrario: me gustaba que las personas vieran que eso que ellos consideraban desviado, erróneo e inaceptable era ahora un tema de conversación en el país. Que existía un debate, y que lo estaba ganando.

Sentí la responsabilidad de ser un ejemplo para quienes estaban en mi misma posición, viviendo experiencias similares a la mía. De dejarles saber que hay opciones más allá del miedo. Que hay poder y fuerza. Que hay cambio.

Poco sabía que, con el tiempo, lo que comencé como una lucha personal me llevaría a cambiar las reglas de mi país

Tenía 19 años cuando la compañera activista Victoria Rodríguez Roldán y abogados de Lambda Legal me contactaron para preguntarme si me interesaba formar parte de una demanda contra el Registro Demográfico de Puerto Rico. El pleito buscaba hacer legal para lxs ciudadanxs trans en la isla cambiar el género en sus certificados de nacimiento.

La acción legal, en la que participamos tres personas transgénero, terminó llevando mi apellido: Arroyo v. Rosselló. Era abril del 2017.

Nuestros argumentos eran simples: el negarle a lxs puertorriqueñxs trans corregir sus certificados de nacimiento –no con un tachón sobre el original, sino emitiendo un certificado nuevo– es una violación a las garantías constitucionales de igual protección de las leyes, debido proceso de ley y libertad de expresión, pues lxs obliga a identificarse con el género incorrecto.

Poseer documentos con la identificación apropiada es esencial para participar en la sociedad. El certificado de nacimiento es uno de los documentos requeridos al solicitar servicios de salud, educación y vivienda, así como para obtener empleo. El que hubiera una discrepancia entre el documento emitido por el Estado y la identidad de la persona que solicita estos servicios o busca trabajo abre la puerta para la discriminación hacia personas trans.

La discriminación no era lo único que estaba en juego. ¿Es que se puede vivir dignamente cuando se nos niega la libertad de ser reconocidos por quienes realmente somos? La respuesta es no, pues negar esa libertad es negar la existencia y la validez de unx mismx.

En el 2018, la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo coincidió con la respuesta. También escribió algo inspirador:

“El derecho a identificar nuestra existencia reside en el corazón de la humanidad misma. De ahí que debamos escuchar sus voces: ‘la mujer que soy’, ‘el hombre que soy’. Los demandantes saben que ellos no son mero relleno para memorandos legales. Ellos han dado un paso adelante por aquellos cuyas voces han sido silenciadas por la discriminación. Ellos no pueden esperar por otra generación más, no pueden esperar a que un legislador actúe. Ellos, como Linda Brown, llegaron hasta el tribunal para exigir lo que se les debe: su derecho a existir, a vivir más y morir menos”.

Escribirlo me transporta al primer momento en que lo leí, cuando me enteré de nuestra victoria y no pude evitar llorar.

Habíamos hecho historia.

Antes de mí, otras activistas puertorriqueñas trans tuvieron luchas similares, luchas que allanaron el camino para este logro.

Liza Marie Rodríguez abogó en el 2016 para que la Comisión Estatal de Elecciones le permitiera a lxs votantes trans poseer una tarjeta electoral que reflejara su nombre e identidad de género congruentes.

Ivana Fred Millán participó ese mismo año en los adiestramientos que recibió la Policía de Puerto Rico para mejorar los protocolos de intervención con las personas transgénero.

Las mujeres trans hemos tenido un rol muy activo en la lucha por validar nuestros derechos y crear un Puerto Rico más inclusivo.

Me enorgullece saber que, a pesar de mi juventud, he formado parte de este proceso de cambio social. Y lo que eso significa: que hay esperanza para las futuras generaciones de jóvenes y personas trans.

Cada vez somos más lxs jóvenes quienes renovamos la lucha y buscamos impulsar cambios sistemáticos. No solo queremos un mundo libre de prejuicios y donde no exista un trato distinto y precario para las minorías, sino que estamos moviéndonos y exigiendo un mundo justo para todos.

Uno de estos ejemplos es Juliana v. United States, donde 21 jóvenes –el más pequeño, Levi Draheim, tiene 11 años; la mayor, Kelsey Juliana, 22– demandaron al gobierno federal utilizando un argumento simple: distintas administraciones no han hecho nada para detener el impacto del cambio climático, y esa inacción incide sobre los derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad de esta generación y las próximas. El caso está en trámite apelativo, pero ya la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó en noviembre una moción del gobierno para paralizar los procedimientos.

Otro ejemplo es G.G. v. Gloucester County School Board, donde el joven trans Gavin Grimm demandó en junio del 2015 a su escuela superior para que se le permitiera utilizar el baño que corresponde con su identidad de género.

Sin embargo, con el ascenso a la presidencia de Donald Trump en el 2017 se eliminaron las guías que protegían el derecho de lxs estudiantes trans a utilizar el baño que va de acuerdo con su identidad de género. Por eso, en parte, el caso terminó devolviéndose a una corte inferior, y este todavía continúa en los tribunales.

Ganar ambos pleitos significaría un triunfo colectivo, ya que sus implicaciones se extenderían más allá de quienes reclamaron sus derechos en primer lugar. Las luchas individuales a la larga se vuelven luchas de todxs, y con logros para todxs.

Lxs jóvenes también estamos dando la batalla fuera de los tribunales. La estudiante queer Emma González, sobreviviente de un tiroteo en su escuela superior en Florida en febrero del 2018, ha pasado a ser una de las principales voces a nivel nacional a favor de una regulación más estricta de armas.

Su activismo comenzó cuando le reclamó al presidente Trump que tomara acción. En esa ocasión, dijo: “Seremos los niños de quienes se leerá en los libros de texto. No porque vayamos a ser otra estadística de los tiroteos en masa en Estados Unidos, sino porque [...] vamos a ser el último. [...] [V]amos a cambiar la ley”.

Lxs jóvenes tenemos esperanza por que las cosas mejoren y nos responsabilizamos por hacerlas cambiar.

Así como en Juliana demandaron al Estado para que les garantice un medioambiente apto para la vida, así como Gavin Grimm demandó a su escuela para que le permita usar el baño que él desea, así como Emma González reclama que se enmienden las leyes para regular el la posesión de armas y evitar más masacres, en Arroyo tuvimos que demandar al Estado para que nos reconociera por quienes realmente somos.

Porque al final, todxs compartimos un reclamo: que se respete nuestra humanidad en cualquiera de sus dimensiones. Pero para que se nos escuche, es necesario alzar nuestras voces. Y es que si no, ¿quién construirá el futuro?

Tenemos que hacerlo nuestro.

Daniela Arroyo González es estudiante de periodismo en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.