Las costureras de Utuado, un oficio en resistencia

A pesar de la caída de la aguja industrial en Puerto Rico, un grupo de operarias lleva 18 años batallando para sostener una de las pocas fábricas que quedan en la isla.

Sary Marín, 68 años, lleva 40 como costurera. Más de la mitad de su vida. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Sary Marín, 68 años, lleva 40 como costurera. Más de la mitad de su vida. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

 Por: Víctor Rodríguez-Velázquez • 15 de enero de 2019

Carmen Borrero tiene 65 años. Siempre ha vivido en Utuado. Lleva 41 años trabajando. Todo ese tiempo en la industria de la aguja. Pero Carmen no cose. Ni como faena ni por necesidad. Mucho menos por ocio.

Durante los últimos 18 años, más bien, Carmen ha dirigido la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña, ubicada en el pueblo donde creció. Por ahora, sepa que es una empresa de costura especializada en uniformes.

Ahí, en esos 18 años, está el principio de esta historia, que va así: en el 2001, Carmen y otros 260 trabajadores de Ranger Manufacturing y Permo Manufacturing se quedaron sin trabajo cuando ambas fábricas cesaron operaciones en la isla y reubicaron su producción en República Dominicana y Honduras.

Un año después, en el 2002, 21 empleados organizaron la cooperativa.

Pero al cabo de esos 18 años parece estar su final. En el 2019 amenaza otro cierre. La escasez de contratos con el gobierno para hacer los uniformes de los empleados de agencias públicas, la disminución de los socios de la cooperativa y los estragos que dejó el huracán María en el 2017 despiertan una vez más la incertidumbre en Carmen y un grupo de costureras afanadas en no dejar caer la industria de la aguja utuadeña.

Carmen todavía recuerda que, cuando cerraron las fábricas, los edificios quedaron vacíos, cual caparazón de cemento abandonado por un animal que lo habitaba y que encontró otro más grande para seguir creciendo. El que utilizaba Ranger Manufacturing volvió a manos de la Compañía de Fomento Industrial. El otro fue vendido a un establecimiento comercial.

“Se lo llevaron todo”, cuenta Carmen, aún incrédula.

Por todo se refiere a las máquinas de coser, las mesas, la tela, los patrones, los hilos, las agujas, los botones, las planchas, los abanicos, las lámparas, las computadoras, los escritorios. Todo.

También los sueldos, y como consecuencia, el sustento familiar de más de 260 puertorriqueños y puertorriqueñas.

Carmen Borrero, de 65 años, es la administradora y supervisora de la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Carmen Borrero, de 65 años, es la administradora y supervisora de la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

El mismo recuerdo tiene Adela Cortez, supervisora de las operarias –como se les llama a las costureras que forman la línea de producción de las fábricas de costura–.

Adela aprieta los labios y abre los ojos como quien ve un fantasma. A pesar de los años, aún sigue sorprendida con la noticia. Solo después puede narrarlo. Trabajó 24 años en Ranger Manufacturing, y antes de que se confirmara el cierre de la fábrica lo supuso, en parte porque su entonces jefe comenzó a pedirle datos inusuales.

“¿Cuántos botones se lleva una camisa?” y “¿cuánto hilo se usa para coserla?”, fueron algunas preguntas que despertaron la alerta.

“Al tiempo nos enteramos que se iban a mudar a Santo Domingo. La gente se iba poco a poco, cuando terminaran el trabajo. No fue fácil”, narra Adela.

Carmen, en cambio, vivió el proceso de liquidación de trabajos, de facturas y de personal más cerca. Ella era una de las secretarias de Charles Sruchter, propietario tanto de Ranger Manufacturing como de Permo Manufacturing. Primero se fue Permo Manufacturing y los empleados que quedaron se ubicaron todos en Ranger Manufacturing. Carmen tuvo que quedarse hasta que se cortó el servicio de luz de la planta y se despidió al último de los 260 empleados.

“El último día fue triste, imagínate. Muchos lloraron. Otros lo tomaron más tranquilos. Había personas que quizás no necesitaban el trabajo, pero había quienes sí dependían de ese cheque para poder seguir”, rememora.

Depender de ese sueldo no era poca cosa, ni antes ni ahora.

Utuado es el tercer pueblo más grande de Puerto Rico en términos geográficos, con unas 116.13 millas cuadradas. No es de los municipios con mayor población. De hecho, en años recientes, el número de residentes ha ido en descenso. Datos publicados en el 2017 por el U.S. Census Bureau recopilan que entre el 2010 y el 2016 Utuado tuvo una baja de 10.6% en su población. De 33,054 personas que vivían en ese pueblo en el 2010, solo quedaban 29,564 residentes al 1 de julio del 2016.

A hora y media de San Juan, la capital, y ubicado en el centro montañoso de la isla, a lo largo del siglo 20 la economía de este municipio estuvo basada principalmente en la agricultura. En términos de manufactura, los utuadeños se han dedicado mayormente a la costura de textiles y la producción de papel.

De acuerdo con datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), en los últimos diez años la tasa de desempleo en este pueblo ha oscilado entre 12% y 30% por año. En octubre del 2018, fecha del último informe disponible en el DTRH, Utuado tenía una tasa de desempleo de 14.1%. Más grave aún: fue de los municipios puertorriqueños que vio picos históricos de personas sin trabajo en la última década, como ocurrió en el 2010, cuando dicha tasa se ubicó en un 21%. Ese año, Utuado y otros pueblos con tasas de desempleo entre 20% y 22% fueron superados solo por Ciales (27.1%), Patillas (26.7%), Salinas (26.1%) y Yabucoa (25.5%).

La salida de las dos fábricas de costura en Utuado fue uno de los efectos que tuvo en Puerto Rico la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas (CRI) de Estados Unidos. Esta sección promovía la inversión de empresas estadounidenses en la isla por medio de incentivos contributivos. Su vigencia comprendió entre 1976 y el 2006, periodo en que se observó en el país un incremento sustancial de compañías petroquímicas, eléctricas y farmacéuticas, entre otras. Fueron tiempos de bonanza económica. Así lo ven las costureras utuadeñas.

Sin embargo, en 1996 el Congreso de los Estados Unidos aprobó eliminar este estatuto –una movida que contó con el aval del entonces gobernador, Pedro Rosselló González– porque consideraba que los incentivos que obtenían las corporaciones eran muy altos y estas no compensaban con la cantidad de empleos que generaban.

Un análisis del National Bureau of Economic Research (NBER) publicado en el 2017 indica que el número de empresas establecidas en Puerto Rico por medio de la sección 936 alcanzó las 2,328 en 1987 –responsables del 82% de la producción manufacturera de ese año–. Luego de que se determinara la eliminación de la 936, Puerto Rico tuvo un periodo de diez años –hasta el 2006– para hacer ajustes económicos que le permitieran al país mover su economía sin depender de este estatuto.

Para el 2012 el país ya había perdido el 28% de sus fábricas industriales, según el informe del NBER. Esa baja supuso la pérdida de 16.7% de los salarios de la manufactura local. Entre estos, los de Carmen y Adela.

A las 7:30 a.m. suena un timbre.

Cada operaria toma su máquina. Prenden las lámparas. Ajustan los hilos. Verifican las agujas. Se estiran la espalda, las manos, el cuello. Parece como si fueran a tocar un instrumento, solo que la sinfonía de la orquesta será las punzadas en la tela.

Lo anterior pasa cada mañana, de lunes a viernes. Así ha sido por los últimos 18 años.

Antes de abrir la cooperativa, la mayor parte de los cesanteados por Ranger Manufacturing y Permo Manufacturing se fueron a colectar. Dicho de otro modo, a recibir un pago de indemnización por falta de trabajo. La colecta, como se le conoce en la isla, se otorga por un tiempo limitado –unos seis meses– para ayudar a los desempleados durante el proceso de encontrar otro empleo. Si es que lo encuentran.

En ese afán, 61 de los trabajadores despedidos veían posibilidad de reabrir la fábrica. Antes del cierre, de hecho, se reunieron en varias ocasiones con esa meta. Al final solo quedaron 21.

Tomó casi un año ponerse de acuerdo y aprender lo necesario para entrar en un sistema cooperativista. Las primeras reuniones, relata Carmen, se daban donde hubiera un espacio: en su casa, en la alcaldía, en la oficina prestada de algún legislador, en fin, donde fuese.

Poco sabían de este modelo económico, confiesa Adela. Lo que sí conocían era el miedo a no tener trabajo. Pactaron aportar $2,000 por persona –$42,000 entre los 21– para volver a abrir la fábrica.

Adela Cortez trabajó 24 años en Ranger Manufacturing y ahora es la supervisora de las operarias en la cooperativa de costura utuadeña. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Adela Cortez trabajó 24 años en Ranger Manufacturing y ahora es la supervisora de las operarias en la cooperativa de costura utuadeña. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

“Cuando nos dijeron que iban a reabrir y que se estaba tomando la iniciativa, yo dije ‘me apunto. Tenemos que hacer algo por el pueblo. Hay que hacer que permanezca la industria de la aguja en Utuado’”, comparte Sary Marín, quien de sus 68 años lleva 40 como costurera.

Como Sary, otras operarias también querían poner sus manos en la tela y seguir cosiendo.

Ese es el caso de María González, de 55 años. Mientras habla, sigue punteando ojales para botones con una precisión desconcertante. Nunca se ha cortado ni se ha pinchado con una aguja. Acepta, eso sí, que si la cuchilla no cae donde va, la pieza se daña.

“Da un poquito de tensión, pero no pasa nada”, dice.

Eso, tensión, pero seguramente no un poquito, habitó en todos cuando por fin se inauguró la cooperativa de costura. Era el 2002 y la Compañía de Fomento Industrial transó con permitirles usar el edificio donde antes estaba Ranger Manufacturing por una renta mensual de $1. Una ganga, si se toma en cuenta la amplitud de la estructura.

Hasta ese momento, tenían tres cosas: las manos, las ganas y un edificio vacío.

“No teníamos ni luz ni agua. Aquí no había nada”, repite Carmen.

En medio de ese desierto, se venía el cierre de una subasta para fabricar los uniformes de los choferes de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Debían presentar un ejemplo de su trabajo, pero no tenían con qué hacerlo.

“Como necesitábamos hacer una muestra, conseguimos una planta eléctrica y con una máquina que uno de los socios tenía en su casa se hizo una camisa. Luego tuvimos que ir a Lares, a un sitio que tuviera máquina de bordado, porque la camisa llevaba bordado. Se la presentamos a la AMA y nos dieron el trabajo”, anota Carmen.

Con esa única camisa consiguieron su primer ingreso.

De ahí se apresuraron a rescatar algunos de los equipos de la antigua fábrica que todavía estaban en Puerto Rico. Varias de las máquinas de costura las consiguieron por medio de una propuesta al Instituto Socioeconómico Comunitario. Otros materiales fueron donados por una fábrica de Camuy que cerraría sus puertas ese año.

La rueda comenzaba a girar.

María González, de 55 años, se unió a la cooperativa para poder compensar los gastos de su hogar. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

María González, de 55 años, se unió a la cooperativa para poder compensar los gastos de su hogar. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

La industria que desde el 2002 levantó un grupo de utuadeñas fue el sustento de muchas mujeres puertorriqueñas décadas antes. Hoy, sin embargo, parece un terreno árido con muy pocas esperanzas de dar frutos. Para el 2017, en Puerto Rico solo había 5,530 operarias de máquinas de ropa y textiles y 90 cortadores de tela. No siempre fue así.

La historiadora Blanca Silvestrini Pacheco apunta que la costura industrial llegó al país en 1917, hace un siglo ya. En su texto La mujer puertorriqueña y el movimiento obrero de 1930, expone que su introducción “no fue casual, ya que estuvo vinculada a las reformas en legislación social que se hicieron en el estado de Nueva York”, cuando se trató de “buscar otros horizontes” con mano de obra más barata.

Al decir más barata, la historiadora se refiere a salarios mal remunerados y condiciones laborales inseguras: “poca ventilación, higiene pobre y aglomeración entre trabajadores”. La mala paga en la costura de la época se complicó al registrarse profundas brechas salariales entre hombres y mujeres. Un informe de nómina de una fábrica de costura de Mayagüez revela una diferencia de hasta diez centavos por hora entre los salarios de hombres y mujeres en 1935.

“Una operaria hacía 32 docenas de sombreros en 62 horas para un salario bimensual de $10.88, mientras que a un planchador se le pagaba $17.60 por las mismas horas”, detalla Silvestrini Pacheco en su escrito.

En la actualidad, el salario promedio de una operaria de máquina de costura industrial es de $8.39 por hora, según datos del DTRH del 2017.

Hasta el 2017, Puerto Rico solo contaba con 5,530 operarias de máquinas de coser. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Hasta el 2017, Puerto Rico solo contaba con 5,530 operarias de máquinas de coser. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Para la economista y socióloga Marcia Rivera, el tema de la diferencia en los salarios ha sido uno de los escollos más profundos que no han podido superar las profesiones y oficios que atravesaron procesos de feminización –incluso en aquellos donde las mujeres son la mayoría en la mano de obra–.

“Los salarios de las mujeres han tendido a perpetuarse en niveles más bajos a pesar de que el sector lo domina el género femenino. Esto tiene el efecto de seguir sosteniendo una dinámica económica desigual, porque el salario que llega a la familia por medio de las mujeres es menor que el que llega por los hombres”, aduce la experta.

En 1935 el 35% de las mujeres asalariadas en Puerto Rico trabajaba en la industria de la aguja, según un estudio sobre las características de la población trabajadora femenina en Puerto Rico publicado por Robert H. Welles en 1968. Se calcula que cerca de 50,000 féminas se dedicaban a la costura a domicilio y 13,500 en fábricas. No obstante, esta industria vería bajas significativas durante las próximas décadas. En 1950, solo un 23.4% de las mujeres trabajadoras puertorriqueñas se dedicaba a la costura. Diez años después, la cifra había disminuido hasta apenas un 3.8% de la fuerza trabajadora.

La baja se debió a la diversificación de la manufactura en Puerto Rico a partir de 1948, una de las apuestas del programa Operación Manos a la Obra. Entre otras iniciativas, esta política pública propició el establecimiento de fábricas en municipios más remotos, como aquellos en el centro montañoso, con el fin de “equiparar las desigualdades sociales que tenía Puerto Rico”.

El programa se originó por medio de la Ley de incentivos industriales, que se apoyaba en la exención de impuestos federales que ya existía en la isla bajo el artículo 9 de la Ley Jones. Además, la sección 931 del Código de Rentas Internas federal –que precedió la sección 936– ya establecía la exención de impuestos federales a las corporaciones establecidas en territorios de Estados Unidos, como Puerto Rico, hasta el momento en que estas repatriaran sus ganancias al continente.

“En ese sentido, la industria de la confección de ropa y la que inmediatamente le precedió –la de bordado– fue un sostén formidable del nuevo Puerto Rico que se va cuajando en la década de 1950 y 1960 y que permitió a las familias tener un ingreso con el cual financiar los estudios universitarios en San Juan o en otros centros”, opina la economista Rivera.

No obstante, la investigadora plantea que para los años 60, se fortaleció a nivel mundial una tendencia hacia la revolución científico-tecnológica que llevó a la desregulación de los mercados del trabajo en los años 70 y eventualmente hacia la globalización. Es dentro de ese contexto, con el que entramos al siglo 21, que Puerto Rico se enfrenta a la pérdida de los incentivos que se impulsaron con la Operación Manos a la Obra y con la sección 936, lo que desembocó en menos empleos y la disminución de su competitividad en la región de América Latina y el Caribe.

Aún así, datos de octubre del 2018 recopilados por el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico sostienen que la manufactura aporta un 48.2% al producto interno bruto del país. Pero debido a los procesos de innovación y automatización en algunas fábricas, este sector solo aporta un 8.2% del empleo industrial, según el DTRH. Para el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, esta incongruencia entre los datos se debe a que en la actualidad las fábricas, en vías de abaratar costos de producción, apuestan más a la automatización de su producción y no a la mano de obra.

Eso lleva a que las métricas de empleo en Puerto Rico se vayan diversificando y se muevan a otros terrenos, como el de servicios. Algo así ocurrió en el caso de las mujeres que por mucho tiempo ocupaban la mayoría de los puestos en la manufactura. Las féminas ocuparon el 46.2% de las 984,000 personas con algún empleo en cualquier sector durante el 2017, de acuerdo con el informe Participación de las mujeres en la fuerza laboral publicado por el DTRH. Sin embargo, las trabajadoras femeninas se concentraron en el sector de servicios (160,000), el comercio (102,000) y la administración pública (100,000). Solo el 6.9% –equivalente a 30,000 trabajadoras– se dedica a la manufactura. Entre ellas, las costureras de Utuado.

A las 9:00 a.m. se escucha otro timbre en la fábrica de Utuado.

Las costureras tienen siete minutos para tomar un desayuno breve, explica Judith González, de 46 años, quien no despega las manos de la máquina de coser mientras habla.

Judith hilvana los bolsillos frontales de unas camisas que realiza para una compañía de guardias de seguridad privada. Desplaza la tela azul bajo la aguja desenfrenada. No levanta mucho la vista. Detrás de sus espejuelos, la mirada rebota a todos lados. Parece nerviosa. Tiene el pelo largo, castaño oscuro, de una textura casi similar a los hilos que usa en su faena. Es de las más jóvenes del grupo. Trabajó para Ranger Manufacturing durante diez años.

Judith se unió a la cooperativa porque quería hacerse su “dinerito”.

Judith González, de 46 años. Lleva 28 trabajando en la industria de la aguja. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Judith González, de 46 años. Lleva 28 trabajando en la industria de la aguja. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Pero cada vez llegan menos oportunidades a esta esquina de Utuado. La principal fuente de ingreso de la cooperativa han sido los contratos que tenían con el gobierno. En 18 años han fabricado uniformes para el Departamento de Corrección y Rehabilitación –tanto de los empleados como de los confinados–, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Policía y la AMA. En el 2018, la mayor parte de esos contratos se esfumaron. Solo quedan unas misas sueltas con la AEE, menciona Carmen.

Si se les pregunta a las diez operarias de la fábrica cuál ha sido el momento más satisfactorio desde que se fundó la cooperativa en el 2002, todas mirarán al 2009. Ese año ganaron una subasta para coser los uniformes de la Policía. La orden incluyó 68,000 camisas, lo que se tradujo entre 1,000 y 1,500 piezas por semana.

“Comenzábamos a trabajar de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Los sábados trabajamos de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Pero tuvimos trabajo y las ganancias fueron bastantes. Llegamos a tener cerca de 50 empleados”, expresa Adela.

Con esa producción, la cooperativa cotizó un millón de dólares.

“Fue una orden histórica”, agrega Carmen. Mientras lo cuenta, deja escapar una leve sonrisa. Luego suspira, resignada.

“No ha sido fácil. Te puedo dar fe de que hemos tenido nuestras bajas y nuestras altas. En años anteriores, cuando el gobierno pedía uniformes, íbamos bien, pero ya todas esas agencias no tiran subastas como antes”, lamenta.

Ese lamento se transforma en justificaciones en las palabras del secretario de Desarrollo Económico y Comercio. Laboy reconoce que el país atraviesa por uno de los momentos más duros en su economía y, en el caso de las compras del gobierno –entre estas los uniformes–, se han tenido que tomar medidas de ahorro.

“La Administración de Servicios Generales, que es la agencia que se encarga de las compras del gobierno, atraviesa por una reforma para hacerse más competitiva. Sí se busca dar preferencia a las empresas puertorriqueñas. Pero hay una realidad y es que el gobierno de Puerto Rico está pasando por un proceso presupuestario para cumplir con Promesa [la Ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico impuesta por el Congreso de los Estados Unidos en junio del 2016] y no podemos negar que eso tiene un efecto, porque se tiene que buscar más eficiencia y gastar menos para poder cumplir con los requisitos del plan fiscal”, advierte el funcionario.

La deriva en la que se encuentra el grupo de costureras de Utuado no sorprende a la economista y socióloga Rivera, quien a pesar de las excusas de Laboy culpa al gobierno de no contar con “un andamiaje de expertise técnico para asesorar a las empresas locales” a no depender totalmente del Estado.

La experta critica que las administraciones de turno gasten fondos públicos en cursos para fomentar el establecimiento de nuevas empresas que muchas veces no son sostenibles para el país o no generan la cifra de empleos previstos.

“El problema es que Puerto Rico no ha logrado diseñar un paquete que permita a su sector empresarial reducir los costos de producción. Como país y como gobierno, no se supo –ni se ha sabido hasta el día de hoy– encontrar un conjunto de atractivos que le permitan a la gente hacer rentables empresas o un desarrollo económico que tenga diversos sectores y que entre todos puedan aportar a ingresos y empleos”, teoriza Rivera.

Hasta el 2017, un 6.9% –equivalente a 30,000 trabajadoras– se dedica a la manufactura en Puerto Rico. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Hasta el 2017, un 6.9% –equivalente a 30,000 trabajadoras– se dedica a la manufactura en Puerto Rico. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Laboy no coincide. Según el funcionario, el país cuenta con una serie de incentivos que ayudan a todo tipo de empresas –como las de textiles– a establecerse con paquetes de ayuda financiera extensivos a varios años. Señala, a modo de ejemplo, la Ley de incentivos económicos para el desarrollo de Puerto Rico (Ley 73-2008), que propicia la manufactura, el desarrollo de tecnología y la investigación en Puerto Rico.

“Bajo esa ley, las empresas que se validan que llevan a cabo algún tipo de actividad industrial pueden ser elegibles para incentivos, como una exención contributiva que le permitiría pagar un 4% fijo de contribuciones sobre ingresos, que dura 15 años y que puede ser renovable. Hay otros incentivos que se ofrecen en efectivo. Si una empresa se establece y hace una promesa de crear empleos y hace inversiones en maquinaria y equipo, puede ser elegible para dinero en efectivo a cambio de crear empleos y retenerlos por un tiempo. La norma es que este compromiso puede durar hasta tres años”, elabora en su defensa el funcionario.

Laboy afirma, no obstante, que los negocios no deben depender totalmente del gobierno para sus procesos de seguimiento, asesoría o coaching, tal como propone Rivera.

“El seguimiento técnico es uno de los retos que existe en el ecosistemas empresarial y no solo en Puerto Rico. La mejor manera de hacerlo es a través de alianzas con el sector privado y organizaciones sin fines de lucro. Muchas de estas entidades logran ir más allá porque el gobierno, honestamente, tiene sus limitaciones de recursos. No hay manera de que el gobierno pueda hacer [el seguimiento] solo. La colaboración y las alianzas estratégicas son fundamental para que se pueda dar ese coaching que las empresas necesitan”, admite Laboy.

A media mañana, solo hay ocupadas diez de las 42 máquinas de costura disponibles en la cooperativa. Al fondo, un operador le da vida a la máquina de bordado. A la derecha del local, dos hombres ocupan las cinco mesas de corte de tela. Es poco el personal para un espacio tan grande y para una producción tan baja. El vacío lo llena el ruido de la maquinaria. Son diez, sí, pero la cantidad de chillidos, cantazos y pequeños golpes no permiten escuchar del todo las notas que suelta un pequeño radio ubicado en la entrada del taller.

Uno supondría que, al ser tan poca gente, trabajarían todos más cerca. Pero no es así en la fábrica de Utuado. Entre cada operaria hay por lo menos cinco mesas de costura que las dividen. No se percibe una gran camaradería. Todas van a lo suyo. Se enfocan en sacar el producto.

“Hay un poco de desunión”, concede Martha Montalvo, de 47 años, y quien preside la Junta de Directores de la cooperativa desde el 2016.

De eso no se habla mucho en la fábrica. Incluso, cuando se aborda el tema, algunas de las operarias vacilan en dar respuestas concretas. Por sus gestos y un constante “no ha sido fácil”, se infiere algún recelo contra el cooperativismo.

Martha Montalvo, de 47 años, preside la Junta de Directores de la cooperativa desde el 2016. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

Martha Montalvo, de 47 años, preside la Junta de Directores de la cooperativa desde el 2016. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

“El modelo tiene sus altas y sus bajas. Somos una cooperativa, pero deberíamos estar más unidos. Muchas veces no lo estamos. Esa es la realidad. No sé si es porque la gente está cansada o porque somos mayores de edad. Unos cogen para un lado y otros para otro”, reflexiona Martha con un dejo de resignación.

Esa desunión ha tenido sus repercusiones en los socios de la cooperativa y, por extensión, en las finanzas de la fábrica. De los 21 fundadores, recordemos, ahora quedan diez.

Según Carmen, el resto se ha retirado por diversas razones. Cada salida ha significado un escape de capital inesperado.

“De todas las personas que se han ido, solo a dos no se les ha podido pagar. Pero sí a los demás. Eso nos ha hecho un roto bien grande, créeme. Nos ha perjudicado mucho el estar devolviendo ese capital”, sostiene.

Carmen prefiere no entrar en detalles de cuánto se ha devuelto, ni la cifra individual. Al hablar del tema se distancia un poco. Es como recordar alguna ruptura familiar en la que los bienes pesan más que los lazos afectivos.

Por esto, en parte, la Junta de Directores determinó no permitir entrar a nadie más al grupo. Prefieren, en cambio, labrar el resto del camino con los diez socios, cuestión de mitigar más pérdidas. Camino que, para Carmen, se prevé empinado, pues después del huracán María en septiembre del 2017 los integrantes incluso se han planteado cerrar la cooperativa por los retos financieros.

El ciclón no dejó destrozos mayores en las instalaciones, más allá de una leve grieta en el techo por la caída de un árbol. Aunque el agua que entró dañó parte de una producción, no registraron pérdidas significativas. Lo que sí laceró las finanzas de la cooperativa fueron tres meses sin electricidad. Todas las operarias coinciden en que fueron semanas duras, semanas de no saber si podrían retomar sus trabajos. El fantasma del desempleo las visitó nuevamente.

Retomar los trabajos en enero del 2018 supuso volver a buscar nuevos clientes y más ingresos. Han llegado. Solo que a cuentagotas.

Para este grupo de costureras, su caso es una muestra de cómo va en declive el sector de la manufactura en Puerto Rico. Algunas se lo achacan a las nuevas tecnologías. Otras, a una apatía de las generaciones más jóvenes hacia este oficio. Unas más responsabilizan al gobierno. La crisis económica, la migración, el cierre de escuelas, el huracán María encima de todo eso, también reciben su parte de culpa en la opinión de estas trabajadoras.

“El gobierno nos ha desplazado. No nos ha dado las oportunidades. Todos los trabajos que teníamos del gobierno nos los quitaron. Eso fue un cantazo fuerte para nosotros. Nos gustaría trabajar más para el gobierno, porque ellos tienen muchas compañías que usan uniforme y eso ayudaría a la cooperativa a echar para adelante”, juzga Sary desde su máquina.

El grupo de costureras ven con resignación el que su oficio haya menguado en los últimos años. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

El grupo de costureras ven con resignación el que su oficio haya menguado en los últimos años. (Víctor Rodríguez-Velázquez / ONCE)

En una mesa más abajo, Martha lamenta que la aguja industrial no sea atractiva para los jóvenes. En su caso, aprendió a coser en la escuela superior. Se declara apasionada de la costura. En la fábrica ha experimentado de todo, y asegura que lo que no sabe, le busca la vuelta.

“La juventud de hoy día no se interesa en este trabajo. Mis hermanas trabajaban en fábricas de costura, pero estas cerraron. Ahora solo quedo yo. Antes en las casas había mucha gente que cosía. Ya eso no se ve. Si se pierde también la costura en fábricas, se perdería la industria”, manifiesta apenada.

A las 4:30 p.m. se apagan las máquinas. Suena el último timbre del día. En poco tiempo, la cooperativa se queda en silencio. No hay certeza de que mañana habrá más pedidos. Tampoco si tendrán que suspender a más gente. Lo único seguro es que cada vez todo es menos. Excepto la resistencia.