El sueño de educarse

No podemos cansarnos de decirlo: “la educación es el principal derecho que debemos defender”. Raúl lo sabe, a pesar de que habita ese otro lado de la sociedad, junto a aquellos que padecen el sistema en su forma más represiva: la cárcel. Hoy defiende el sueño –y el derecho– a la educación.

Raúl Reyes Chalas. (uprrp.edu)

Raúl Reyes Chalas. (uprrp.edu)

Por: Raúl Reyes Chalas 22 de abril de 2019

Nota del editor: en ONCE admiramos a Raúl, nuestro columnista invitado para esta edición. Lo conocimos al igual que todos nuestros escritores y escritoras preferidos: leyéndolo. Cuando organizamos este proyecto periodístico nos propusimos dar voz a las minorías, a los marginados, a los olvidados. ¿Quiénes mejor que ellos para contar sus historias, sus reflexiones, sus vidas? Aquí va el turno de Raúl –a la memoria, siempre, de Fernando Picó–.

Recientemente participé, junto a dos de mis compañeros del Proyecto de Educación Universitaria para confinados y confinadas, en un taller sobre la deuda pública ofrecido por Espacios Abiertos y coordinado por Enlace con las Escuelas Públicas, un pro bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Este promueve que estudiantes de nivel superior del sistema público participen en actividades que los motiven a cursar una carrera universitaria y, eventualmente, otra en derecho.

Una vez nos explicaron los términos y conceptos relacionados al tema de la deuda pública, nos dividieron en pequeños grupos de trabajo y nos pidieron que definiéramos qué eran “servicios esenciales”.

Fue durante ese proceso que se me acercó una compañera, de algunos 17 años, y me dijo: “Yo quiero estudiar derecho. ¿Qué cree usted que puedo hacer para ayudar a la población confinada de mi país?

Tuve que voltear la cara, luego de haber sentido un hormigueo en los ojos. Respiré profundo. Creo que ella no lo notó.

Me pinté una playa en la cabeza. A veces hago eso para evitar que algo me afecte. Procedí a explicarle, someramente, lo genial que sería la existencia de algún programa dedicado a los remedios postsentencia y otras ideas. Pero tuve que pedirle al oficial que me escoltaba que me permitiera ir al baño.

Allí relajé un poco los ojos. Probé, una vez más, que las lágrimas provocadas por el duro proceso de la toma de conciencia tienen sabor y color. Son dulces y verdes. La explicación es sencilla: la esperanza.

Es eso lo que estas chicas y chicos inspiran cuando los ves debatiendo preocupados por lo que ellos están conscientes que en algún momento tendrán en sus manos: el país.

Muchas veces escuchamos tantos comentarios negativos acerca de nuestra juventud y de cómo sus padres no son partícipes de su educación. Este grupo de estudiantes –más de 60–, junto con sus padres y madres, prefirieron sacar uno de los días que se supone sea para descansar, para formarse intelectualmente. Por ocho sábados consecutivos.

Me sorprendió que tuvieran la capacidad de ver más allá de mi uniforme, de mi condición de confinado. Nunca les interesó saber mi sentencia ni preguntaron por mis delitos. Solo se enfocaron en lo que yo podía aportar a la discusión. Ellos y ellas pudieron reconocer que nosotros, los que padecemos el sistema, podemos aportar soluciones que les permitan estar mejor preparados ante los retos que tenemos de frente. Todos concluimos que la educación es el principal derecho que debemos defender, pues es la única manera en la que se pueden abrir estos espacios de diálogo, confrontación y acción.

Acá, al otro lado de la sociedad, decimos que el loco sabe más que el psicólogo sobre lo que es la locura. También entendemos que gran parte de la sociedad no está preparada para escuchar a los que de verdad tienen interés en cambiar sus circunstancias y las del país. Pero hace mucho tiempo tampoco lo estábamos para que las mujeres votaran, para que los obreros se organizaran o para legalizar la marihuana.

Los gallitos y jerezanas del Proyecto de Educación Universitaria nos sentimos preparados, capacitados y en la mejor disposición de presentar ideas y propuestas que les permitan a nuestros jóvenes tomar mejores decisiones, ayudarlos a evitar la cárcel y romper con la idea que tienen muchos –casi como un destino– de “cuando yo caiga preso…”. El rechazo de algunos sectores de la ciudadanía hacia las personas confinadas no es sinónimo de nuestra impotencia, pues nuestras ganas de aportar al país no conocen obstáculos.

Si de verdad aspiramos a la paz social, no tenemos más alternativa que educarnos y hacer partícipe de ella a los sectores más vulnerables. “¿Por qué tengo que pagar contribuciones para que los presos estudien?” Lo he escuchado muchas veces. Bueno, la respuesta es que si insistimos en seguir mirando el bienestar del pueblo y las aspiraciones de futuro como algo que tiene que medirse en dólares y centavos, seguiremos sin sacar los pies del plato que ya está vacío.

El contraargumento es predecible: “Pero es que la estructura económica es la base de la sociedad, todo es dinero”. Yo estaría 100% de acuerdo, pero he aquí algunos datos:

  1. Estudios demuestran que la reincidencia se reduce de manera significativa cuando las personas que se encuentran confinadas obtienen un grado universitario. También se ha documentado los beneficios que la sociedad y la economía obtienen cuando las personas que han estado confinadas tienen acceso a la educación y a empleo.

  2. No obstante, con la aprobación del Violent Crime Control and Law Enforcement Act en 1994, se enmendó el Higher Education Act de 1965 y se eliminó el acceso a las becas Pell para personas/estudiantes confinados. Antes de esta ley, por ejemplo, la reincidencia en Nueva York era de un 11% –una de cada nueve personas–. Luego de ella, subió al 63%. Puerto Rico tiene seis veces menos la población de Nueva York y la reincidencia sobrepasa el 50%.

  3. Es importante tener presente que entre 1993-1994, del total de $6,000 millones disponible en becas Pell, menos del 1% se destinó a las personas confinadas. Por eso, el número de personas confinadas que usualmente recibía la beca no afectaba la disponibilidad de fondos para los estudiantes que no estaban encarcelados.

  4. Un confinado en Puerto Rico le cuesta al erario alrededor de $47,000 anuales. (Las condiciones de salud que requieren tratamiento especializado aumentan el costo). Con esa cantidad se puede costear el bachillerato de tres universitarios del sistema público del país por un año.

Haga usted la matemática y luego trate de compaginar esto con el cierre de escuelas y el aumento de las penas carcelarias como solución a la criminalidad –penas que sobrepasan toda expectativa de vida posible–.

Un análisis serio de la breve, pero sólida, información que he mostrado anteriormente, reconoce el fallo que hemos tenido como sociedad. Invito a las personas con poder de intervenir en la política pública de nuestro país a que examinen con detenimiento los estudios a los que hago referencia en este escrito. Así comenzaremos a tener una discusión informada y libre de imaginarios o mitos que no construyen ni adelantan nada. La nueva generación tiene la voluntad de cambio.

Hay otro dicho en la cárcel que se escucha con frecuencia: “Al que está preso, no se le venden sueños”. El profesor Fernando Picó en una de sus clases nos dijo: “Yo puedo venderles el de educarse”.

Y nosotros se lo compramos. Lo hicimos porque reconocimos en la educación otra manera de ver la vida, de resolver nuestros problemas, de dejar de vernos como cifras, porque sentimos la responsabilidad, porque el atrevimiento de un grupo de profesores universitarios nos hizo ganar todo lo que habíamos perdido y porque queremos venderle este sueño a nuestra juventud.

Raúl Reyes Chalas es estudiante del Proyecto de Estudios Universitarios para confinados y confinadas, producto de un acuerdo entre la UPR y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Lo integra desde su inicio en el 2014.